Una de las causas más habituales de conflicto entre trabajador y empresa es el retraso en el pago de salarios. Lo que muchas empresas desconocen es que, si se dan ciertas condiciones, este retraso puede permitir al trabajador solicitar la extinción de su contrato laboral con derecho a indemnización, como si se tratara de un despido improcedente.
Este supuesto está regulado en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, y ha sido modificado recientemente por la Ley Orgánica 1/2025, que entra en vigor con un objetivo claro: dar mayor seguridad jurídica y objetividad a este tipo de reclamaciones.
La conciliación laboral y personal ha pasado de ser una aspiración a convertirse en un derecho legal reforzado. Y gracias a la Ley Orgánica 1/2025, que entra en vigor este año, se ha corregido un vacío legal que había dejado desprotegidos a muchos trabajadores que solicitaban medidas de conciliación.
Con esta reforma, se recupera la protección frente al despido para las personas que solicitan adaptaciones de jornada o permisos para cuidado de hijos o familiares, como los reconocidos en los artículos 34.8 y 37 del Estatuto de los Trabajadores.
El inicio de 2025 ha traído consigo una reforma legislativa de gran alcance que afecta tanto al funcionamiento interno de la Administración de Justicia como a la regulación laboral. Hablamos de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, que introduce modificaciones relevantes en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) y en el propio Estatuto de los Trabajadores (ET). Desde Fortuny Associats, analizamos sus principales novedades y qué impacto pueden tener sobre trabajadores y empresas.
Los permisos retribuidos son uno de los derechos laborales más importantes y, al mismo tiempo, una fuente frecuente de conflictos entre empresas y trabajadores. Saber gestionarlos correctamente es clave para evitar errores, sanciones o reclamaciones judiciales. Desde la asesoría laboral, se puede ofrecer un acompañamiento fundamental para garantizar que estos permisos se apliquen conforme a la ley, respetando tanto los derechos del trabajador como la organización interna de la empresa.
Las inspecciones de trabajo forman parte del control ordinario que ejerce la Administración para verificar que las empresas cumplen con la normativa laboral y de Seguridad Social. Aunque en muchas ocasiones se trata de procedimientos rutinarios, un pequeño error o incumplimiento puede derivar en sanciones económicas importantes o incluso en responsabilidades jurídicas más graves.