No podemos negar el impacto del ‘coronavirus’ y el estado de alarma en el teletrabajo y el trabajo a distancia. Ante esto, surge el Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia (en adelante, LTD), que viene a regular una modalidad laboral que, fruto de la pandemia provocada por el COVID-19, se encuentra en auge.
Con este post, en Fortuny & Associats comentaremos los aspectos que ni el trabajador, ni el empleador, empresario o empresa puede pasar por alto.
Debido a un cambio interpretativo, impulsado por el Tribunal Supremo, los autónomos societarios podrán ahora optar a la bonificación de la tarifa plana respecto de la seguridad social, a la cual hasta hace unos meses se les denegaba el acceso.
De esta manera, podrán reclamar, con una retroactividad de 4 años, los ingresos indebidos que haya hecho por no haber gozado de este ‘descuento’ en su cuota. Es decir, podrías optar a una devolución de parte de la cuota de autónomo de hasta 36 meses, desde el 2016 en adelante.
En el presente artículo abordamos la problemática interpretativa del compromiso de salvaguarda de empleo al que se someten las empresas afectas a ERTE derivado del COVID-19 para con sus empleados objeto de expediente. Así pues, venimos a exponer la interpretación de la norma con la que desde el inicio de esta situación aplicamos en Fortuny & Associats, la cual, quedó fielmente ratificada recientemente por el Conseller y la Directora General de trabajo y salud laboral en la conferencia celebrada el pasado 7 de septiembre.
Con todo esto, pretendemos dar luz a una cuestión que para una gran cantidad de empresas, su correcta aplicación, supondría un gran ahorro económico.
Se encuentra a la orden del día de estas últimas semanas la “inesperada” reducción del 70% al 50% de la prestación por desempleo. Ante la incertidumbre en la cual se encuentran los beneficiarios de esta prestación, en Fortuny & Associats queremos dar respuesta, mediante el presente artículo, a las dudas o consultas que puedan surgir al respecto, arrojando luz sobre una materia que viene generando cierta controversia y debate.
Desde el inicio del estado de alarma, y los consecuentes Expedientes de Regulación Temporal de Empleo que se produjeron tras este, hemos visto al Servicio Público de Empleo Estatal (en adelante, SEPE) denegar prestaciones por desempleo, de manera sistemática, a personas que han sufrido reducciones de jornada derivadas de ERTE por causas de fuerza mayor.